La primera pregunta debería ser ¿por qué es necesario o conveniente salvar al Casmu? ¿Pasa algo si se lo deja caer? La razón que los gobiernos de los países desarrollados han dado para salvar a sus bancos, es que su caída produciría una crisis sistémica que afectaría a muchísimas personas, más allá de los bancos mismos. Pero ese no parece ser el caso del Casmu. El régimen general en materia de entidades de la salud es que cuando una entidad no puede seguir prestando servicios por sus propios medios, el Ministerio la interviene, transfiere sus afiliados a otra u otras instituciones, y pone en venta sus activos para pagar las deudas pendientes. Eso ocasiona un cierto trastorno mientras las cosas se acomodan y se hace la transferencia de afiliados, pero pasada la transición las cosas quedan mejor que antes. Los que reciben a los afiliados son mejores que la entidad anterior, puesto que no se fundieron. Y si además se les permite a los afiliados elegir adonde van, las mejores entidades crecerán más que las peores, premiándose su eficiencia, y los afiliados habrán visto respetada su libertad de elección por primera vez en mucho tiempo.  Los afiliados están en crisis mientras la institución no se funde del todo. Pero una vez que la situación se define sus problemas mejoran, no empeoran. Ellos no pueden ser, entonces, el fundamento para un salvataje.

Tampoco nos parece que haya un interés institucional en defender el modelo específico del Casmu. ¿Por qué el Casmu va a ser mejor que la Española, el SMI o cualquier otra entidad que no se funde? La izquierda se siente identificada con el Casmu porque es la más “participativa” de las mutualistas. Es creada por un sindicato, y administrada como tal. Allí nadie es dueño y todos son empleados, nadie es totalmente responsable, nadie gana ni pierde demasiado, nadie obedece y nadie manda.  Es una manifestación del “socialismo de autogestión” que tuvo su cuarto de hora y luego fracasó en todo el mundo tal como lo hace entre nosotros. A la izquierda le gusta, porque es el modelo que quiere para el país. Y porque al apoyar al Casmu apoya a los sindicatos que son sus aliados políticos. Esto, sin embargo, será un proyecto de la izquierda sindical, pero difícilmente pueda considerarse un proyecto nacional.

Uno se preguntará, entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Si el país puede vivir igual con o sin el Casmu, y los afiliados estarían tanto mejor en otro lado que es necesario prohibirles que escapen, y no hay ninguna razón nacional para defender el modelo, ¿por qué tanto lío? ¿Quién se beneficia de la situación actual? Y la respuesta, como nuestros lectores seguramente sospechan, es una sola: los sindicatos del Casmu.

Cuando una empresa se funde sus empleados quedan sin trabajo. Tendrán derecho a cobrar despido como  cualquier trabajador privado, y la ley les concede amplias preferencias para cobrar contra los activos que se vendan antes que otros acreedores. Tendrán, además, derecho al seguro de paro, igual que cualquier otro trabajador privado.  Los mejores serán contratados por las entidades que hayan absorbido a los afiliados, que necesitarán más personal médico y no médico para atenderlos. Otros, tal vez, tendrán que reconvertirse aceptando menores salarios, o trabajos menos cómodos. Pero ¿no es eso lo que le pasa a cualquier empleado privado de un comercio, de un frigorífico, de una farmacia o de cualquier otro negocio que se funde? Y para ellos no se organiza ningún fideicomiso.

A las cosas, entonces, hay que llamarlas por su nombre. El único y exclusivo interés que se protege cuando se encaran sucesivos salvatajes de empresas fundidas, es el interés de los malos empleados. No es el interés nacional, ni el de los clientes o usuarios, ni el de los consumidores. Ni siquiera es el de los buenos empleados. Es exclusivamente el interés de los profesionales del poder, que se enquistan en las organizaciones en las que nadie manda realmente, y de los que saben que no tendrían futuro en organizaciones eficientes, basadas en la responsabilidad y en la necesidad de producir resultados.

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