|
Casi 90 mujeres han muerto en Nicaragua como consecuencia directa o indirecta de la derogación hace un año de un artículo legal que permitía el aborto en casos de riesgo de salud, denunciaron organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos.
Ana María Pizarro, directora de la no gubernamental organización Sí
Mujer y coordinadora Regional de la Campaña 28 de Septiembre por la
Despenalización del Aborto Terapéutico, señaló a IPS que la reforma de
esta norma ha incidido en fallecimientos reportados en distintas partes
del país.
Estudios de la asociación indican que 12 de esas jóvenes
embarazadas murieron por falta de atención en los centros de salud, que
temen por las sanciones penales impuestas de hasta ocho años de cárcel
y retiro de licencia a los médicos que practiquen o ayuden a realizar
abortos, aun con fines médicos.
"Lo que está ocurriendo es la práctica oficial de una pena de
muerte impuesta contra las mujeres", añadió esta médica, especialista
en ginecología.
A solicitud de la jerarquía de la Iglesia Católica, la
Asamblea Nacional aprobó el 26 de octubre de 2006 el Proyecto de Ley de
Derogación del artículo 165 del Código Penal vigente, que permitía el
aborto por razones médicas desde 1893.
Se aplicaba en casos de peligro para la vida de la madre,
daños irreversibles al embrión o feto o cuando el embarazo resultase de
una violación o incesto. Para cualquiera de esas situaciones se debía
contar con la opinión científica de por lo menos tres médicos y la
autorización de la embarazada o de su familia.
La norma fue sancionada en medio de un clima político
agitado, previo a las elecciones generales del 5 de noviembre que ganó
el izquierdista Daniel Ortega, quien tejió una controvertida alianza
con el retirado cardenal Miguel Obando y Bravo, actual coordinador del
Consejo Nacional de Reconciliación y Paz del gobierno.
Tal decisión fue duramente cuestionada por una treintena de
organizaciones médicas locales, instituciones de derechos humanos de
América Central, representaciones diplomáticas, la Organización Mundial
de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otras agencias
del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según los movimientos feministas, la derogación de la figura
obedeció a una estrategia política del hoy gobernante Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN), de izquierda, y del derechista Partido
Liberal Constitucionalista (PLC), con el fin de obtener el apoyo de los
votantes católicos en esos peleados comicios.
La ley entró en vigencia en noviembre de ese mismo y fue
incorporada en septiembre en el texto del nuevo Código Penal que se
discute en la Asamblea Nacional legislativa.
"Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer
será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se trata
de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente
contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para
ejercer la medicina u oficio sanitario", estableció el primer párrafo
del artículo 143 del nuevo Código Penal.
Adicionalmente, se agregaron penas a las mujeres que se practiquen cualquier tipo de aborto.
"A la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o
consienta que otra persona se lo practique se le impondrá pena de uno a
dos años de prisión", añade el artículo 143 del discutido código,
aprobado con la mayoría de los votos liberales y sandinistas (66 en
91).
Patricia Orozco, coordinadora del Movimiento Feminista que
pelea por la restitución de la figura médica, informó que el grupo ya
ha presentado 54 recursos de inconstitucionalidad de la norma ante la
Corte Suprema de Justicia.
"No nos han respondido y sabemos que no lo harán, porque la
Corte obedece a los intereses de los partidos liberales y sandinistas,
que son quienes manejan las leyes en este país", se quejó Orozco.
La oficina de prensa de la Corte dijo al respecto que fallará en su debido tiempo los recursos interpuestos contra la ley.
No obstante, los grupos feministas creen que el recurso será
sometido a la estrategia de retardación de justicia para "que se muera
en el olvido". "Pero, mientras, las mujeres sigan muriendo, ellas no lo
olvidarán, expresó Orozco, quien resaltó que durante este año han sido
objeto de doble ataque.
"Aparte de que nos han atacado en lo más íntimo, que es el
derecho a la vida, nos han atacado en las calles cuando protestamos,
nos han echado a la policía, nos han golpeado y nos acosado
judicialmente por alteración al orden público", se quejó la líder del
movimiento feminista.
Los ataques y agresiones por parte de la policía contra las
mujeres que protestan por el aborto terapéutico fueron también
denunciados a IPS por la oficina de denuncias del Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos.
"Se han documentado más de cinco agresiones masivas contra
las mujeres que participan en las protestas cívicas en las calles de
Managua", dijo una activista.
A comienzos de este mes, Ángela Heimburger, investigadora de
Human Rights Watch, con sede en Nueva York, presentó en Managua un
estudio sobre los resultados de la implementación del aborto
terapéutico en Nicaragua desde su aprobación en 2006.
"Ha tenido un impacto devastador en la salud y las vidas de las mujeres", dijo Heimburger a IPS.
El informe denominado "Por sobre sus cadáveres: Denegación de
acceso a la atención obstétrica de emergencia y el aborto terapéutico
en Nicaragua", señala que hasta septiembre 11 mujeres estudiadas habían
fallecido por razones vinculadas con el aborto y la negación al
servicio médico en los hospitales públicos.
Las cifras no han sido ni negadas ni confirmadas oficialmente
por el Ministerio de Salud, ente que guarda silencio sobre las
estadísticas de atención materna desde la aprobación de la ley
derogatoria.
"El gobierno siempre va ocultar las huellas de sus errores,
no creemos en sus estadísticas", dijo Juana Jiménez, dirigente de la
Red de Mujeres contra la Violencia, organización no gubernamental que
ha participado en la lucha por la reivindicación de los derechos de las
mujeres.
Según el Movimiento Autónomo de Mujeres, cada año se
practicaban entre 800 y 1.000 abortos terapéuticos en el sistema médico
público antes de la aprobación de la norma de prohibición. "Ahora son
entre 800 y 1,000 mujeres en riesgo", se agrega en un comunicado.
Esta organización señala, entre otros efectos de la
aplicación de la ley, la inmigración de más de 2,500 mujeres jóvenes a
otros países de América Central donde se puedan atender el embarazo sin
correr riesgo.
"Las mujeres más humildes se van a Costa Rica o Panamá, las
de mayores recursos económicos se van a Estados Unidos", señalaron
fuentes de esa organización, la cual promete aumentar sus protestas y
campañas por todo el país.
La situación médica es seguida de cerca, y vista con
preocupación, por el representante de la ONU en Nicaragua, Alfredo
Missair.
"Lo que sabemos es que las causas de muerte materna, en forme
indirecta por razones de atención o no atención, de alguna manera si
incrementan, y es una realidad que debe afrontarse", dijo a IPS.
"Lamentablemente, el tema del aborto terapéutico se
tergiversa como un tema de aborto, y es más bien un tema de
interrupción de embarazo para algunas mujeres que pueden provocar la
muerte de la madre y del bebé, es un tema que el país debe tomar la
decisión al respecto, pero darle la oportunidad a las madres de tener
derecho a la vida", expresó Missair.
"La agenda inconclusa de América Latina, que es una de las
regiones que mejor cumplió con los Objetivos de Desarrollo para el
Milenio, posee una deuda histórica con el objetivo de reducir la
mortalidad materna", opinó el representante de la ONU, cuyas cifras de
mortalidad materna en el caso de Nicaragua se calculan en alrededor 90
por cada 100.000 nacidos vivos.
"En los países desarrollados anda por 25 muertes por cada 100.000 nacidos vivos", comparó.
Powered by AkoComment! |
