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El gobierno estudia el impacto de la reforma de la salud, prevista para poner en marcha a partir del 1° de enero de 2008. El ministerio de Economía junto al de Salud Pública pusieron en marcha estudios de impacto de la reforma de la salud para saber cómo repercutirá en los bolsillos de los uruguayos, en tanto legisladores oficialistas plantearon la postergación de su entrada en vigencia.

En el ámbito parlamentario están preocupados por eventuales efectos electorales adversos de las reformas, en caso de que sean percibidas en forma negativa por una parte significativa de la ciudadanía.

Según un publica este martes el diario El Observador algunos parlamentarios del Frente Amplio no quieren arriesgarse a implementar una nueva reforma, que implica para algunos más descuentos salariales, antes de despejar el efecto de la reforma tributaria.

En esta jornada la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, se reunirá con la bancada bicameral del Frente Amplio que analiza todas las semanas el proceso de la reforma de la salud. En la reunión no estarán presentes ni Álvaro Vega (Movimiento de Participación Popular) ni Luis Gallo (Asamblea Uruguay), diputados que plantearon algunas dudas a la jerarca sobre el proyecto original, porque se encuentran en Venezuela.

Una de los planteos expuestos por los representantes que trabajan en la Cámara baja implica que todos los trabajadores deberán aportar el 6% de sus ingresos para la salud, pero no todos recibirán beneficios.

Un ejemplo son los trabajadores que no tienen hijos, que deberán pagar lo mismo que quienes los tengan, a diferencia de que estos últimos no tendrán que pagar una cuota mutual para ellos.

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