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Piergiorgio Welby falleció el miércoles en la noche, dijo Mario Riccio, el médico que le desconectó el pulmotor.

Marco Cappato, del Partido Radical, que lideró la campaña en favor del derecho de Welby a morir, dijo que el enfermo "consiguió lo que... deseaba. Y lo logró respetando totalmente la ley".

Welby, de 60 años, sufría de distrofia muscular, una enfermedad que causa progresiva destrucción del tejido muscular, la que le fue diagnosticada en 1963, a sus 18 años. Estaba conectado a un pulmotor y recibía alimentos con ayuda de un tubo de nutrición. Se comunicaba a través de un sintetizador de voz. Desde 1997 estaba postrado en una cama.

Welby solo podía mover los ojos al momento de su muerte. Sus abogados sostenían que al momento que no lo pudiera hacer más, "pasaría a ser un prisionero completo de su cuerpo", porque el cerebro seguiría funcionando.

Welby, que el 26 de diciembre hubiera cumplido 61 años, no había conseguido que los tribunales reconociese lo que consideraba un "derecho personal" a morir.

En septiembre había enviado una carta al presidente italiano, Giorgio Napolitano, en la que pidió que se abriera el debate sobre la eutanasia. Pero no obtuvo ninguna de las respuestas que esperaba. Un Consejo Superior de Sanidad que estudió el caso, dijo el miércoles que su situación no se enmarcaba dentro de lo denominado "ensañamiento terapéutico", un resquicio legal que le hubiera concedido su deseo.

En pocas palabras, el respirador artificial que lo mantenía con vida no constituía un cuidado excesivo. Welby no quiso esperar más resoluciones jurídicas y con un médico anestesista de Cremona, el mencionado Riccio, logró lo que estaba buscando: morir. Y si la polémica ya estaba montada antes, ahora se acrecentó.

Riccio negó que la desconexión del pulmotor fuese una forma de eutanasia. Señaló que se trataba simplemente de acatar la garantía constitucional de negarse a recibir tratamiento médico. "Para decirlo con franqueza, en los hospitales italianos todo el tiempo se suspenden terapias. Y eso no conduce a intervenciones de jueces o a problemas de conciencia", dijo el médico. Riccio dijo que se sentía "muy tranquilo" y que no temía las consecuencias legales.

"No hay que confundir esto con eutanasia. Se trata de la suspensión de una terapia", dijo Riccio. "Negarse a un tratamiento es un derecho" del paciente, añadió.

Según la ley italiana, la eutanasia, o suicidio asistido, puede derivar en una sentencia de hasta 15 años de cárcel.

Las repercusiones no se hicieron esperar. Mientras la derecha política en Italia se había opuesto en estos días a desconectar a Welby, la coalición de centroizquierda en el poder se mantenía dividida.

Desde Forza Italia, el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi, se aseguró que la muerte de Welby fue un acto "ilegal" y que sus adversarios radicales están haciendo "una bárbara instrumentalización del caso". Desde la democracia cristiana se calificó al hecho como un "homicidio" y se pidió castigar al culpable.

Ni bien enterado de la noticia, el primer ministro Romano Prodi hizo hincapié en la defensa de la vida, pero también sostuvo que esta muerte debe ser tomada como base para "reflexionar y debatir".

La Iglesia Católica, a través del cardenal Javier Lozano, el funcionario más alto del Vaticano para temas de salud, dijo en referencia a este caso que "la eutanasia es el equivalente de matar y la Iglesia no puede aceptarlo". Aun así, dijo que "el uso de medios desproporcionales y fútiles para tratar a un paciente con una enfermedad terminal, es una práctica cruel y sin sentido".

Proyecto tiene media sanción en Uruguay

Este mes, la Cámara de Diputados aprobó en Uruguay un proyecto de ley, denominado "testamento vital" que permite a un paciente terminal o a su familia, oponerse a continuar un tratamiento que prolongue su vida con dolor. Esta decisión podría ser adoptada por el propio paciente o por sus familiares directos en caso que el enfermo esté inconsciente o su condición le impida expresar su voluntad. El proyecto ahora debe pasar a Senadores donde se cree que cuenta con los votos para su aprobación. La medida busca evitar el "ensañamiento" terapéutico aunque el texto no se adentra en cuáles son los tratamientos que podría rechazar el paciente.

Casos previos y notorios

Prohibida en la gran mayoría de los países, la eutanasia sólo es legal, bajo determinadas condiciones, en Bélgica y Holanda. Cuando ocurre, es objeto de interminables polémicas.

En EE.UU., Terri Schiavo, de 41 años, llevaba en coma 15 años hasta su muerte en marzo de 2005. Su marido, Michael Schiavo, había logrado ante la justicia que no se la mantuviera más con vida, pese a la opinión contraria de sus padres y su batalla judicial al respecto durante siete años.

En julio de 1998, en España, Ramón Sampedro, de 55 años, fue hallado en su cama envenenado con cianuro. Tetrapléjico a consecuencia de un accidente en 1968, reclamaba incansablemente desde hacía años el derecho a la eutanasia.

En Francia, Vincent Humbert murió en septiembre de 2003 a la edad de 22 años gracias a la intervención de su madre y su médico, sobreseídos cuatro años después. Era tetrapléjico, mudo y casi sordo tras un accidente de carretera, pero conservaba sus atributos mentales.

En Gran Bretaña la Corte Suprema londinense pronunció el 6 de diciembre una sentencia que permitía a una mujer en estado vegetativo persistente morir con "dignidad".

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