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La docencia obligatoria de la interrupción del embarazo en Medicina puede ser la próxima batalla - Pero ¿puede objetarse a la formación?
Los alumnos de Medicina y Enfermería tendrán que estudiar, en la teoría
y en la práctica, la interrupción voluntaria del embarazo según el
proyecto de ley del aborto que tramitan las Cortes. Pero dos
universidades católicas, la de Navarra y la Fundación San Pablo CEU, ya
han dicho públicamente que no acatarán esta obligación legal si llega a
aprobarse. Otros centros religiosos como la Universidad Francisco de
Vitoria o la Pontificia de Comillas no se pronunciarán, si lo hacen,
hasta que no se apruebe la ley y vean exactamente a qué les obliga. De
su futura respuesta dependerá si la enseñanza de la interrupción
voluntaria del embarazo se convierte en otra campaña objetora como la
que ya tuvo lugar con Educación para la Ciudadanía.
"Nos negamos a solucionar la tragedia de un embarazo indeseado con
la tragedia superior del aborto. Nos negamos a incorporar las técnicas
abortivas a los contenidos de la educación. Nos comprometemos a formar
profesionales para curar, investigar y ayudar", dicen los decanos de la
Universidad de Navarra. El CEU afirma lo siguiente: "No acataremos
ninguna disposición que atente contra la vida humana y que contradiga
las exigencias de la ética médica. La posición de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, con las titulaciones sanitarias de sus
Universidades CEU San Pablo y CEU Cardenal Herrera, no responde
únicamente a una legítima opción moral, sino a una objeción de ciencia". La
oposición de los médicos a practicar abortos voluntarios está muy
extendida en España; tanto que apenas el 2% de las interrupciones
voluntarias de embarazo se lleva a cabo en hospitales públicos. El
supuesto derecho a la objeción no se recoge en ninguna ley, aunque sí
la reconoce una sentencia del Tribunal Constitucional. Uno de los
propósitos de la nueva regulación es ponerle coto y que los centros
hospitalarios tengan la obligación de asegurar la prestación, aunque
algunos profesionales no quieran practicarla por motivos de conciencia.
Una cuestión nueva es si la objeción puede llegar también a los centros
docentes. Las partes en conflicto no se ponen de acuerdo sobre si
es necesaria la formación específica de la que habla el proyecto de
ley. Guillermo López, director del Departamento de Ginecología de la
Clínica Universitaria de Navarra, asegura que no: "Todos los médicos
que hacen la especialidad de ginecología en nuestra clínica saben hacer
legrados uterinos por aborto y conocen las técnicas necesarias para la
práctica de la especialidad. Cosa distinta es el aborto provocado, que
en nuestro centro no se hace ni se hará. No hay ni habrá ninguna ley
que nos obligue a hacerlo. Tampoco se practican en la inmensa mayoría
de los hospitales públicos y privados de España". Las
asociaciones de planificación familiar defienden lo contrario. "Es muy
importante que los contenidos de las carreras y la especialidad
cambien", opina Isabel Serrano, presidenta de la Federación de
Planificación Familiar Estatal (FPFE). "Es fundamental que se incluyan
en la formación los abortos voluntarios no sólo por una cuestión de
técnica, sino también para enseñar el necesario apoyo psicosocial al
proceso que está viviendo la mujer. Médicos, enfermeras y matronas
tienen que saber cómo abordar los temas de sexualidad, anticoncepción,
abortos... Son actos sanitarios que afectan a decenas de miles de
mujeres cada año. Hay prácticas mucho menos frecuentes que sí se
enseñan. En estos momentos todo depende de la sensibilidad del jefe de
servicio de turno, y esto no puede ser. Debe dejar de ser un tabú; que
los residentes jóvenes no crean que es algo ajeno a su formación como
ginecólogos". La cláusula de la formación obligatoria se incluyó
en el Congreso de los Diputados a última hora a propuesta de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya.
Gaspar Llamazares, diputado de IU, explica por qué la considera
imprescindible: "Los programas de ciencias de la salud son muy clásicos
y biológicos, y deben incorporar un enfoque más social que incluya la
educación sexual y el aborto voluntario. Es la única forma de que se
normalice como una prestación más del Sistema Nacional de Salud. La
formación también va a abrir la puerta a que puedan empezar a
practicarse estas intervenciones en los hospitales públicos. Debe
explicarse a las mujeres en la sanidad pública lo que es un aborto sin
prejuicio ideológico". ¿Cuál es la situación en estos momentos?
"En clase se está contando lo que cada profesor quiere contar", relata
Marta Jiménez, alumna de Medicina en la Autónoma de Madrid y, hasta el
año pasado, responsable de la coordinadora de salud reproductiva de la
Federación de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. En su caso,
relata, sólo le explicaron en clase la parte del aborto fisiológico, el
que se suele producir de manera natural en el primer trimestre del
embarazo. Nada de la interrupción voluntaria. Aunque Jiménez admite que
durante la carrera lo que se explican son conceptos generales, y que la
técnica concreta del legrado uterino "no tiene mucha complicación",
entiende que se introduzca su enseñanza en la ley: "Como futuro
profesional, lo vas a tener que hacer, y si nadie te lo ha
explicado...". "Lo más importante es regular la objeción de
conciencia de los médicos", dice Javier Martínez Salmeán, jefe de
Ginecología del hospital Severo Ochoa de Madrid. "Pero si me pregunta
si creo que se puede objetar a la formación, creo que no. Hay que
conocer las técnicas, por la sencilla razón de que alguna vez un médico
se puede encontrar frente a una urgencia y tiene que saber cómo actuar". Los
estudios de médicos y enfermeras constan de dos fases: la carrera común
y la formación especializada que imparten los hospitales docentes
acreditados para los MIR (médico interno y residente). La formación en
abortos provocados parece que tendría que estar presente en ambas
etapas, según lo que dispone el proyecto de ley. Con la reforma
europea de las universidades, ahora son éstas, con muchísimo margen de
maniobra, las que confeccionan sus títulos. En el caso de las
profesiones reguladas, y en especial las que tienen normativa europea,
como Medicina, el margen es más pequeño. Los planes de estudio se deben
atener a unos mínimos oficiales, y el Ministerio de Educación (a través
de la agencia de evaluación ANECA) comprueba que esto es así antes de
dar el visto bueno para que la carrera sea oficial. En esos
contenidos mínimos ya hay una parte que habla de que los alumnos deben
tener conocimientos y competencias en contracepción, pero, al ser un
concepto tan amplio, hay mucho margen para enseñar o no los abortos.
Aun así, la ANECA ya tuvo que llamar la atención a varias universidades
católicas para que introdujeran la contracepción en sus planes,
aseguran fuentes del organismo. En cualquier caso, como contaba la
estudiante Marta Jiménez, durante la carrera de Medicina lo que se
aprenden son conceptos más generales; y es muy difícil, si no
imposible, controlar la carga ideológica de lo que se enseña, si se
habla -y cómo- de todos los métodos anticonceptivos o sólo de la
abstinencia. Una vez obtenida la licenciatura (o el grado, nombre
futuro de las carreras con la reforma europea), los estudiantes pasan a
la especialidad. Los programas los aprueba una comisión nacional. El
último, publicado en mayo de 2009, ya incluía de hecho varias
referencias al aborto voluntario. Se recoge, por ejemplo, dentro de las
actividades relacionadas con las urgencias, el "asistir a
interrupciones legales de embarazo (voluntarias)". Ahora no se
cumple. Pero no sólo en los hospitales y clínicas universitarios
católicos. Tampoco en muchos públicos, y por la misma razón: no
practican abortos. En toda la Comunidad Autónoma de Aragón sólo se
hicieron cuatro interrupciones voluntarias de embarazo en centros
públicos en 2008; en Madrid, también cuatro (de más de 20.000); en
Andalucía, 18. Con estos datos, resulta imposible que los estudiantes
hayan tenido contacto con esta práctica. Con la nueva ley se
pretende, en principio, que más hospitales públicos asuman la
prestación, de forma que en estos centros el problema de la formación
se iría paliando poco a poco. Pero, ¿cómo se va a controlar que los
centros cumplan lo que establece la ley? No está claro. "El Ministerio
de Sanidad acredita a las unidades docentes capacitadas para impartir
cada especialidad, y en cada centro docente existe, a su vez, una
comisión encargada de supervisar que se está dando un correcto
cumplimiento al programa y que los alumnos lo siguen como corresponde",
explica un portavoz del ministerio. "Existe, además, un plan de
auditorías externas con profesionales de otros centros que evalúan el
correcto cumplimiento de los programas". Hasta el momento,
ninguna auditoría ha informado de que lo relativo al aborto provocado
no se lleva a cabo en muchos hospitales a pesar de que ellos mismos así
lo reconocen. Habrá que ver lo que ocurre si la ley se aprueba; si
empieza a controlarse con mayor rigor este punto y se obliga o no a
todos los centros a cumplirlo so pena de retirarles la acreditación
como centro docente oficial. Algo parecido podría pasar con la parte de
la carrera universitaria, que tiene que renovar su autorización como
título oficial cada seis años. La Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI)
defiende la necesaria formación de los médicos en esta materia; y
asegura que no es lo mismo un aborto espontáneo que uno provocado. "No
es lo mismo ni se usan los mismos métodos, y hay técnicas específicas
que no pueden aprender los estudiantes si no tienen casos", señala
Francisca García Gallego, vicepresidenta de la asociación. Hablan del
problema del relevo generacional. "A los médicos no se les enseña, lo
ven como algo ajeno a su actividad profesional y hay problemas para
sustituir a los facultativos que se van jubilando", señala una
portavoz. "Se está cubriendo la demanda con extranjeros porque hay
pocos españoles jóvenes dispuestos. Tiene que empezar a verse como una
prestación sanitaria más". En la católica Universidad de Navarra
no lo ven así. "No va a poder ser jamás una actividad sanitaria
normalizada", señala Guillermo López, jefe de Ginecología de la
clínica. "No lo ha sido ni lo es en ningún país. No se conseguirá
nunca. Los médicos que la hacen quedan relegados. No hacemos ni haremos
abortos, pero los médicos que hacen la especialidad de ginecología con
nosotros salen capacitados para atender a las pacientes con abortos
espontáneos y con problemas postaborto, porque por supuesto que
tratamos las complicaciones orgánicas que nos vienen después de
interrupciones voluntarias de embarazo practicadas fuera de nuestra
clínica". En cualquier caso, al margen del debate sobre si las
técnicas que se usan para un aborto espontáneo son o no las mismas que
en uno inducido, lo que está detrás de esta cuestión es una batalla
ideológica y moral, como siempre que se discute sobre la interrupción
voluntaria del embarazo. Ideológica es también la explicación que
plantea el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica
de Valencia, Germán Cerdá, sobre por qué en sus aulas sí se explica el
aborto: "Aunque sólo sea por el hecho de poder rechazarlo deben
conocerlo". Asegura que en su facultad se habla de esta cuestión, pero
desde su visión católica de "defensa de la vida" y de rechazo a lo que
consideran "un auténtico atentado" contra la misma. El proyecto
de ley del aborto está ahora mismo en el Senado. Se espera su
aprobación definitiva en dos o tres meses. Con el texto final en la
mano habrá que ver hasta dónde llega la futura formación de los
médicos. Pueden aparecer nuevos problemas, como que sean no ya los
centros docentes sino algunos estudiantes los que decidan objetar.
El texto del proyecto de ley
El artículo 8 del actual proyecto de ley sobre el aborto dice sobre
la preparación de los profesionales que "la formación de la salud se
abordará con perspectiva de género e incluirá": - A) La
incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas
curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y las
ciencias de la salud, incluyendo la investigación y formación en la
práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo. - B)
La formación del profesorado en salud sexual y reproductiva, incluida
la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. - C) La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lo largo de desempeño de la carrera profesional.
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