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Por primera vez, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abordó este mes el caso de la penalización de toda forma de aborto en un país como una medida que violenta derechos humanos fundamentales. Ese país es Nicaragua.
El
Comité, reunido en su 42 periodo de sesiones en la ciudad suiza de
Ginebra, urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que
en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó
flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.
Fue el día 14 cuando el Comité contra la Tortura expresó "su
profunda preocupación por la prohibición general del aborto", contenida
en varios artículos del Código Penal reformado en 2006 y puesto en
vigencia en 2008.
El gobierno del sandinista Daniel Ortega no ha reaccionado
hasta ahora sobre un pronunciamiento que vincula la prohibición del
aborto terapéutico con la tortura.
Nicaragua se convirtió en 2006 en uno de los escasos países
del mundo que castigan penalmente a las mujeres que se realicen un
aborto cuando se trata de gestaciones fruto de violaciones sexuales o
incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro, los supuestos en
que anteriormente era legal la interrupción del embarazo.
Chile, El Salvador y República Dominicana son los otros
países latinoamericanos que penalizan el aborto inducido sin
excepciones, a los que se unen Malta y Filipinas en el resto del mundo.
El Comité citó en su informe sobre la nación centroamericana
que la prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales
significa "una constante exposición a las violaciones cometidas contra
ellas" y supone "un grave estrés traumático con el riesgo de padecer
prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión".
En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su
prohibición fue posible por la unión a favor de los dos principales
partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Liberal
Constitucionalista.
La penalización absoluta del aborto se produjo en plena
campaña de las elecciones que devolvieron a la presidencia a Ortega en
2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos
electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del
aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.
Analistas coinciden en que el retorno al poder del ex
guerrillero se facilitó por un pacto político-religioso con el cardenal
Miguel Obando y Bravo, quien ahora preside una comisión humanitaria
gubernamental, después de haber sido jubilado por el Vaticano como
líder de la Iglesia Católica en el país.
Ortega gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, primero como
miembro de la junta establecida por los sandinistas tras derrocar a la
dictadura de la familia Somoza y luego como presidente. Entonces Obando
y Bravo era uno de los líderes opositores.
El Comité encargado de registrar y denunciar los actos de
tortura humana, instó al Estado de Nicaragua a reformar la ley y
restablecer el aborto en situaciones de emergencia y cuando medie la
violencia de género.
"El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación
en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de
Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales", dictó en su informe.
En concreto propuso al país estudiar "la posibilidad de
prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos
de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o
incesto", y así cumplir las directivas de la Organización Mundial de la
Salud.
El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos, el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el
Consejo de Comunicación y Ciudadanía que desde la Presidencia
administra la esposa de Ortega, Rosario Murillo, declinaron comentar a
IPS el pronunciamiento del Comité.
La Curia Arzobispal en Managua dijo a IPS que la postura de la Iglesia Católica respecto al aborto es inalterable.
El no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres,
participante destacado en la lucha por la despenalización del aborto
terapéutico, consideró que el pronunciamiento del Comité contra la
Tortura es "una condena internacional contra Nicaragua".
"El Comité ha señalado que la penalización total del aborto,
sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no
permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud
física o psicológica", señaló a IPS Juana Jiménez, dirigente de la
organización.
Jiménez dijo que el órgano rector internacional da la razón
a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal
como una imposición por motivaciones políticas y "una contradicción con
los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en
materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres".
El Movimiento Autónomo fue una de las organizaciones que
envió sus consideraciones al Comité contra la Tortura, con el argumento
de que la ley que penaliza el aborto terapéutico "contiene todos los
elementos de la tortura determinados en el artículo 1 de la Convención
contra la Tortura".
Desde que se aprobó la penalización total del aborto, decenas
de organizaciones de mujeres, médicas y de derechos humanos demandaron
también la reversión de la norma ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero el caso está paralizado en el máximo tribunal del país, critican los demandantes.
Finalmente, en abril, el vicepresidente de la Corte Suprema,
el magistrado Rafael Solís, anunció un anteproyecto de sentencia que
revertiría la reforma antiabortista, en respuesta a las demandas de la
sociedad civil.
El anuncio formaría parte de un nuevo cambio en las
relaciones de Ortega con la jerarquía católica, con la que está ahora
fuertemente enfrentado. La Iglesia acusa a Ortega de fraude en las
elecciones municipales de noviembre de 2008 y el presidente replica
rodeándose en público de imágenes católicas y proclamándose como el
"cumplidor" de los designios divinos para "el pueblo".
Sectores feministas interpretan el anuncio de la Corte
Suprema como una amenaza a la jerarquía católica si sigue con sus
críticas a los resultados electorales, y no como una voluntad de
impulsar una sentencia que reponga el derecho parcial al aborto.
El magistrado de la Corte Suprema, Sergio Cuarezma, cercano
a la oposición liberal, confirmó a IPS que no existen proyectos de
sentencia favorables a restituir el aborto terapéutico. Pero no se
pronunció sobre el dictamen del Comité.
"En la Corte Suprema de Justicia se encuentran dos recursos
de inconstitucionalidad, uno, en contra de la ley del 2006 que deroga
el aborto terapéutico del Código Penal antiguo y el otro en contra de
la ley del 2008, Código Penal vigente que no contempla dicha figura",
informó.
Cuarezma precisó que hay 72 recursos interpuestos contra la
disposición legal y que la población y los recurrentes deben saber que
"no hay proyecto circulando, pero sí voluntad de resolverlo".
La administración de Ortega ha sostenido desde su ascenso al
poder en 2007 una relación conflictiva con las organizaciones
feministas y las organizaciones no gubernamentales de la sociedad
civil, a las que acusa de ser "agentes del imperio" y de "conspirar"
para derrocarlo.
Para la activista Jiménez, las autoridades deberían cumplir
las recomendaciones del Comité rápidamente "porque ser señalados de
estar cometiendo tortura contra las mujeres, que representamos más de
la mitad de la población nicaragüense, implica el riesgo de ser
calificado internacionalmente como un Estado violador de los derechos
humanos".
La Convención que da vida al Comité reconoce como tortura
"todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin
de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido".
Además considera tortura el acto de castigo físico o mental
para intimidar o coaccionar "por cualquier razón basada en cualquier
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean
infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia".
"La ley contra el aborto terapéutico es una tortura. Causa
dolor y sufrimiento, fue impuesta con motivaciones específicas, refleja
el propósito de intimidar y coaccionar a mujeres y médicos, como trata
de imponer una creencia religiosa a costa de la salud, aun cuando el
país es laico según la Constitución, y es infligida como política de
Estado", denunció Jiménez.
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