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Desde que en noviembre de 2007 se inició una crisis sin precedentes en torno al aborto provocado, representantes de distintos movimientos y determinados políticos han acusado a los centros acreditados de incumplir la ley, de carecer de protocolos sanitarios y de rentabilizar económicamente el aborto provocado. En esta línea, en la Subcomisión Parlamentaria del Congreso, fui interpelado en este sentido, lo que me lleva a pensar que estas cuestiones corren el peligro de convertirse en acusaciones recurrentes.

Resulta paradójico que desde distintos foros se nos pida un protocolo de actuación, cuando la Administración sanitaria no ha sido capaz en más de 20 años de vigencia de la ley de protocolizar una actuación administrativa, médica y sanitaria en torno al aborto provocado. Hoy por hoy, son escasas las autonomías que cuentan con unas normas básicas acerca de la interrupción de la gestación; ni tan siquiera existen pautas para asesorar o atender a las mujeres que soliciten una interrupción. Y todo ello pese a que el aborto es una prestación reconocida, que no normalizada, por el Sistema Nacional de Salud.

Pese a no existir orientación pública, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha desarrollado unas pautas tomando como referencia los protocolos de la Cirugía Mayor Ambulatoria. En base a estos protocolos, que no son ni complejos ni secretos, cuando una mujer llega a nuestros centros valoramos en primer término si realmente tiene un embarazo intrauterino mediante una ecografía, así como sus circunstancias socioeconómicas y culturales: ¿habla nuestro idioma?, ¿tiene vivienda?, ¿tiene apoyo familiar?... Es decir, si tiene una red de apoyo que acompañe su intervención. Clarificada su situación, será el especialista correspondiente quien valore si existe una malformación fetal o si la salud física o psíquica de esa mujer está en riesgo como consecuencia de su gestación; entendiendo que la salud, según la define la OMS, es un estado de bienestar psíquico, físico y social, y no la mera ausencia de enfermedades.

Tras estas consideraciones, se valorará la historia clínica y gineco-obstétrica de la mujer mediante la consulta profesional y las analíticas correspondientes. Tras ello, se determinará si su caso puede ser atendido con garantías de suficiencia técnica y humana, ya que ACAI agrupa a centros que están acreditados para intervenciones hasta 12 semanas y a otros para gestaciones más avanzadas. Asimismo, las valoraciones previas, según los criterios internacionales de Cirugía Mayor Ambulatoria, permitirán saber si la mujer presenta o no una patología sobreañadida y determinar así si puede ser atendida en el centro.

Tras la intervención se continúan aplicando los criterios de Cirugía Mayor Ambulatoria en relación con la recuperación posquirúrgica y los requisitos básicos para dar las altas pertinentes, cuando toda la intervención se ha desarrollado con normalidad.

Si la mujer presentase cualquier tipo de complicación será atendida en primera instancia por el centro acreditado, y en el caso de que los recursos técnicos y humanos no fuesen suficientes, sería derivada al hospital de referencia de la paciente, tal y como establece la organización sanitaria por ley.

Muchos también nos preguntan: "Y después del aborto ¿qué?". A esta pregunta sólo se puede ofrecer una respuesta: lo que sea necesario para cada mujer. El trabajador social determinará el estado en el que esa mujer se encuentra después de la intervención, y en función de ello le apoyaremos en sus necesidades; un criterio que además valoraremos en la revisión de control, a los 15 días de la intervención, para intentar que esa mujer elija el método anticonceptivo más acorde con su situación, con el fin de evitar nuevos embarazos no deseados. Porque, en contra de lo que se afirma, ningún profesional de ACAI considera el aborto provocado como un método de planificación familiar.

Este protocolo en el que algunos han querido ver prácticas ilícitas y pautas médicas contra natura ha permitido que la mortalidad por complicaciones derivadas de las técnicas de aborto provocado en nuestro país haya sido casi nula, que nuestro nivel de complicaciones sea uno de los más bajos de los países desarrollados y que el número de denuncias a nuestro colectivo por mala praxis sea irrelevante, menor que el de muchos centros de ginecología y obstetricia.

En relación con las acusaciones de mercantilismo recibidas, tenemos que decir que en las clínicas de ACAI siempre ha primado el interés social frente a cualquier interés lucrativo. De hecho, entre un 10% y un 20% de las interrupciones se realizan de forma gratuita, o financiadas parcialmente, de forma directa o indirecta, por la clínica, cuando así lo determinan los trabajadores sociales del centro o los servicios sociales correspondientes.

Un aborto de menos de 12 semanas, es decir, el 87% de los que se realizan en España, cuesta entre 266 y 400 euros. Este precio incluye una consulta de trabajo social, otra con el equipo de salud mental, una consulta ginecológica con ecografía, una extracción sanguínea, premedicación, una intervención quirúrgica con anestesia local y/o sedación y su medicación correspondiente, control ecográfico intra y posoperatorio, y cobertura informativa telefónica y asistencial médica los días posteriores.

Cuando se difunden indiscriminadamente estas acusaciones se está acusando a un colectivo de más de 700 profesionales, desde la persona que atiende la línea telefónica hasta el médico que práctica la interrupción. Se acusa a un colectivo que no sólo realiza abortos provocados, sino que atiende las necesidades ginecológicas y obstétricas de miles de mujeres. No vapuleemos, por tanto, la salud sexual y reproductiva de estas mujeres. No es posible que todas ellas estén equivocadas.

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