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La mexicana Lucrecia* lleva 13 años con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y, mes a mes, acude a un hospital capitalino para recibir fármacos antirretrovirales. Esa atención, en sus palabras, se debe a la lucha de los pacientes por acceder a un tratamiento adecuado contra el sida.
Las organizaciones de lucha contra el sida (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, causado por el VIH) han ganado presencia e
influencia políticas, pero cuentan con menos recursos financieros para
sus proyectos.
Esa es una de las conclusiones del estudio cualitativo
"Respuesta al VIH-Sida en Latinoamérica", patrocinado por la no
gubernamental Alianza Internacional para el VIH-Sida y a cuya versión
preliminar tuvo acceso IPS.
El informe subraya en sus conclusiones la mayor participación
de organizaciones no gubernamentales (ONG) de portadores de VIH,
homosexuales, trabajadoras sexuales y personas transgénero en espacios
de toma de decisiones y diseños de programas nacionales, "aun cuando
ésta siga siendo nominal en muchos de los casos".
El estudio, que abarcó entrevistas a representantes de 143
instituciones, entre ONG dedicadas al tema y donantes, incluyó a
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
Nicaragua, Perú y República Dominicana y será presentado en la XVII
Conferencia Internacional del Sida.
Unos 25.000 expertos, activistas, funcionarios y delegados de
organismos internacionales provenientes de 150 naciones tomarán parte
de la conferencia, entre el 3 y el 8 de agosto en la capital mexicana.
La mejora "ha sido aprovechada en mayor medida por los
colectivos de población que se encontraban más fuertes al momento de
surgir estas oportunidades", reseña el documento y destaca que
organizaciones de prostitutas y de personas transgénero han ganado
presencia en los últimos años.
"Hay parcialmente una mayor participación. Ha habido una
exigencia de la sociedad civil por trabajar en políticas públicas, de
no permitir que se nos impongan acciones", dijo a IPS Martín Luna,
director del no gubernamental Centro de Atención Profesional a Personas
que Viven con Sida.
Luz Inés Hernández, activista del comunitario Grupo de Apoyo
de Personas Enlazadas contra el Sida, coincidió con este análisis. Los
avances provienen "del trabajo que hemos venido realizando, las
autoridades están enteradas de los objetivos de nuestra labor", dijo a
IPS.
En los países incluidos en la muestra viven casi 800.000
personas con el virus del sida, según datos del Programa Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida. De ellas, quienes necesitan
tratamiento con fármacos antirretrovirales son unas 500.000.
México exhibe un crecimiento anual de entre 5.000 y 7.000
casos, y unos 3.000 pacientes se suman por año al programa de
tratamiento, de acuerdo con cifras oficiales. El gobierno destinó en
2008 unos 140 millones de dólares para atención a de las personas con
VIH/sida.
Cifras del gubernamental Centro Nacional para la Prevención y
Control del Sida (Censida) indican que, desde 1983, se han registrado
118.624 casos de la enfermedad, de los cuales 80 por ciento son hombres
y casi 20 por ciento mujeres. El sector de la población más afectado es
el de hombres homosexuales o bisexuales.
En 2004, la Secretaría (ministerio) de Salud decretó la
cobertura universal y gratuita del tratamiento antirretroviral, pero
organizaciones de personas contagiadas dudan de que se haya alcanzado.
Los antirretrovirales no curan, pero reducen la carga de VIH
en el organismo humano, frenando el avance de la enfermedad y abatiendo
drásticamente la mortalidad.
El reporte destaca que las ONG han tenido voz en la
elaboración de planes nacionales de lucha contra el sida y de leyes y
reformas legales en países como El Salvador, Ecuador y Argentina. La
excepción es Colombia, donde la sociedad civil no se involucró en la
creación de una ley específica, mientras que México carece de tal
normativa.
Una iniciativa legal del Censida podría llegar en breve al
Poder Legislativo mexicano. "Una de nuestras metas es tener una ley de
sida para unificar los criterios de atención", dijo Hernández.
Entre los logros registrados en las 10 naciones consideradas,
el documento pone el acento en la existencia de espacios
multisectoriales, y resalta "el papel protagónico de las organizaciones
en constituir colectivos de respuesta al VIH/sida".
Asimismo, realza un cambio en la relación entre las ONG y el
gobierno, que ha pasado "de enfrentamiento a consenso, lo que ha
abierto las posibilidades de un diálogo continuo".
Luna reconoció "una incidencia relativa" de las
organizaciones y puso de ejemplo su papel en el estatal Consejo
Nacional para la Prevención y Control del Sida, del cual es vocal. "En
los comités de trabajo, los que más aportamos somos las ONG", recalcó.
Sin embargo, el informe alerta sobre la escasez de recursos
disponibles para la labor de la sociedad civil y señala que la
aparición del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y
la Malaria llevó a que los gobiernos retrajeran su aporte financiero.
Aunque el informe reconoce la importancia del Fondo para
crear institucionalidad en los países citados, indica que "existen
serios y profundos cuellos de botella para garantizar el acceso a
recursos financieros a los grupos de población clave".
El Fondo surgió en 2002, a sugerencia del Grupo de los Ocho
(G-8) países más poderosos del mundo y de un conjunto de naciones
africanas. En su última ronda de propuestas monetarias, en noviembre de
2007, aceptó respaldar 73 programas de 66 países por un monto de 1.119
millones de dólares. Pero de ese monto, 11 naciones de América Latina y
el Caribe acogieron 54 millones de dólares para 10 programas.
México está en vías de aspirar por vez primera al Fondo
aunque no lo hará en la próxima ronda de propuestas, a celebrarse en
agosto.
"Es una oportunidad importante para que México reciba
financiamiento para diferentes proyectos, con énfasis en la
prevención", planteó Luna, quien aceptó el riesgo de que el gobierno
reduzca su presupuesto dedicado al sida. "Deberíamos correrlo", dijo.
Uno de los requisitos establecidos por el Fondo es la
constitución de un Mecanismo de Coordinación de País, que debe
aglutinar a gobierno y ONG. En el caso de México, esa instancia está en
proceso de construcción.
El informe de las ONG latinoamericanas sugiere fortalecer las
organizaciones para gestionar sus propios recursos y diversificar las
fuentes de financiamiento.
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