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Desde la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1946 quedó establecida la preocupación de garantizar una salud adecuada para todos los habitantes del planeta. Posteriormente en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos  en su artículo 25  se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar, consagrándolo como uno de los Derechos Humanos fundamentales.

Desde diferentes foros de discusión sobre la temática de la salud en Uruguay se ha llegado a una conclusión similar: es necesaria la reforma de la Constitución que consagre a texto expreso el derecho a la salud para toda la población.

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Cuando abordamos la problemática sanitaria resulta frecuente encontrarnos con una serie de dilemas que nos obligan a reflexionar sobre los caminos a tomar en la búsqueda de un sistema de salud con capacidad de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de la población. Los principios rectores que orientan la reforma del sistema sanitario en nuestro país son incuestionables si los percibimos desde una perspectiva política comprometida con el desarrollo social y humano en todos sus aspectos.

Las concepciones actuales sobre la definición de salud profundizan cada vez más en la interrelación entre los diversos factores que son capaces de conducir al desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. La salud, en su visión global ha dejado de ser responsabilidad exclusiva de un Ministerio dedicado a tal función. Su planificación incorpora la  capacidad de articulación y coordinación de otras áreas, tales como el trabajo, la educación, la vivienda, el medio ambiente y la recreación, por citar los más mencionados.

La transformación del sistema de salud se encuentra contenido dentro de un determinado marco ideológico sobre el cual se diseña un programa.  La elaboración programática da paso a la conformación de un plan de gobierno y este a la planificación estratégica del mismo, con el objetivo de encontrar los caminos para transformar en realidad los principios teóricos que dieron origen al programa de gobierno en materia sanitaria. Cuando enumeramos los principios rectores de un sistema nacional de salud, incluimos la eficacia y la eficiencia.

Al instrumentar la reforma del sistema sanitario es preciso planificar todas las etapas del proceso. La atención primaria constituye el eslabón inicial de la cadena, con capacidad de resolución diagnóstica y terapéutica de las situaciones con menores grados de complejidad y la adecuada orientación de las restantes hacia los niveles sucesivos de la misma. En este nivel adquiere particular relevancia el desarrollo de los programas de promoción de la salud, especialmente de aquellas patologías con mayor prevalencia en la población. Los ejes centrales de la conformación del primer nivel transitan necesariamente por una adecuada articulación de los diferentes establecimientos de la red asistencial; un ordenamiento regionalizado y un sistema de referencias y contrarreferencias que otorguen funcionalidad.

En la transformación del sistema sanitario adquieren particular relevancia  todos los aspectos vinculados a elevar los niveles asistenciales de la población. Dentro de estas acciones resulta indispensable en el contexto demo-epidemiológico, social y económico de nuestro país, fijar pautas racionales hacia donde encaminar los objetivos sanitarios. Es así, que consideramos el control de la calidad de los servicios asistenciales públicos y  privados, como uno de los elementos significativos que es necesario revalorar. La adecuación y  regulación de la calidad asistencial, otorgará un marco de referencia a los prestadores de los servicios sanitarios y a la población en su conjunto,  sobre las necesidades indispensables de dichos servicios y los resultados alcanzados.