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El entusiasmo con que el presidente Tabaré Vázquez pretende que se concreten los cambios en el sistema de salud, no parece ser compartido por todos los sectores del gobierno. O al menos por el Movimiento de Participación Popular.

El tema de la responsabilidad profesional en las organizaciones prestadoras de salud, se ha venido perfilando en las últimas tres décadas, como uno de los pilares de las organizaciones, cuya pobre resolución en las previsiones legislativas, han afectado, en alguna medida, el relacionamiento entre instituciones, profesionales y pacientes o familiares, tanto en lo vinculado a la relación afectiva, como al plano de las reclamaciones legales. Sea por compensaciones económicas, o debido a enojosos, largos y costosos litigios que perturban la buena relación entre las entidades prestadoras de servicios y los profesionales de salud que son los agentes más comúnmente afectados.

El proyecto de ley del SNIS merecería ser conocido, estudiado y reflexionado por todos los actores sociales de la salud, porque de su trámite parlamentario y aprobación dependerá el futuro de sus actividades durante los próximos años. Generalmente este tipo de entidades modifican sustancialmente lo existente, y aunque son pasibles de modificaciones de ajuste, persisten en el largo plazo sus lineamientos generales. De ahí que si su estructura ofrece aspectos controversiales, o que afecten los intereses generales, o pudieran estar mejor resueltos en su texto legal, sea conveniente expresarse antes de que se transforme en ley, para que puedan ser las objeciones debidamente consideradas y reflejadas, cuando tengan fundamento.

Tendremos que irnos acostumbrando al nombre y las siglas: se viene el SNIS. Tardará algunos meses más o menos, pero es casi seguro que la determinación política de este Gobierno es sancionar la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Votos no le faltan. Estuvo en sus más viejas plataformas. Todos lo reclamaron, aunque es posible que cuando pedían eso, cada cual estuviera pensando en un producto diferente.  Habrá que leer el proyecto detenidamente, para ver qué es lo que propone y hasta donde llega. Pero no parece que en definitiva haya grandes cambios, al menos en el corto plazo. Las instituciones seguirán siendo de dos tipos: las públicas y las privadas, a las cuales cada ciudadano podrá escoger como la de su elección para atenderse. El pago será diferente de lo que hasta ahora: no más cuotas mutuales por un lado, ni carnés de pobre por otro, sino un impuesto a los sueldos y jubilaciones, más un aporte de los empleadores. Algo así como un DISSE mejorado y ampliado. Si a todos los atienden por igual, con la misma calidad, y con la libertad de elegir, todo va bien.

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Una de las preguntas que frecuentemente se hace en corrillos de colegas interesados en el nuevo panorama que sobrevendrá después de la aprobación del SNIS es qué pasará con la Medicina Privada. ¿Es que habrá un sistema único para toda la población, o subsistirán aquellos sistemas privados, que atiendan mejor algunos aspectos del confort de hotelería, de prestaciones más exclusivas, o que brinden servicios que no podrá brindar por mucho tiempo, o tal vez nunca, el SNIS?